Líderes sociales

Y los siguen matando…

La Fundación Social Cordoberxia denunció que este 21 de junio en Tierralta, Córdoba fue asesinada María Del Pilar Hurtado Montaño de 34 años, quien fue una de las personas declaradas como objetivo militar en un panfleto amenazante difundido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a inicios del mes de junio.

Este 21 de junio la líder social Maria del Pilar Hurtado Montaño de 34 años, fue asesinada en Tierralta, Córdoba. Ella fue una de las personas declaradas como objetivo militar en un panfleto amenazante difundido por las Autodefensas Defensas Gaitanistas de Colombia, a inicios de este mes. Los gritos desesperados de su hijo al verla sin vida han llegado a redes sociales como Facebook y Twitter, causando indignación.

A pesar de que crímenes como los secuestros, muertes en combate y ataques terroristas se hayan reducido, los asesinatos a lideres sociales se han intensificado de una forma muy acelerada desde noviembre del 2016.

El pasado 5 junio en la cuenta de Twitter de la Presidencia de la Republica se publicó un comunicado que manifestaba que en la presidencia de Duque los homicidios de líderes sociales «se habían reducido el 32%», de acuerdo con el consejero para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa. Sin embargo, estas cifras hacen referencia  a una comparación de realizada entre el periodo  de agosto de 2017 y el 25 de mayo de 2018 del gobierno anterior (88 homicidios), y el de 7 de agosto de 2018 y el 25 de mayo de 2019, en el periodo de gobierno del Presidente Duque (60 homicidios). Según Barbosa, «es gracias» a las labores que se realizan en los Talleres Construyendo País y en el Plan Acción Oportuna, los cuales, de acuerdo con el informe publicado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos  tienen como metas “implementar una serie de medidas que permitan al Estado ejercer una acción conjunta para garantizar los derechos humanos de los individuos que ejercen liderazgos en las diferentes zonas del país”.

Sin embargo, Víctor Barrera (del Centro de Investigación y Educación Popular) y Alejandro Jiménez (investigador de la Fundación Paz y Reconciliación) manifiestan que estas estrategias no son muy efectivas, pues el PAO no guarda relación con lo que se estaba desarrollando en el gobierno anterior y que no existe una buena comunicación con las comunidades, pues estas no confían en las autoridades a la hora de denunciar.

A parte de esto, en el 2018 fueron 115 casos de defensores de derechos humanos asesinados, y en lo que va del 2019 se han documentado 26. Hago énfasis en esta palabra pues falta por verificar 76 casos, lo mismo pasa con los asesinatos del año pasado; las cifras dadas anteriormente no son datos exactos. Es decir, pueden que hayan sido asesinados más lideres sociales y ya han pasado seis meses del 2019 y no se han confirmado las cifras precisas. Además, Barbosa tomo unos datos que aun se encuentran en estudio como si fueran verídicos.

El desinterés del actual Gobierno respecto a esta crisis es bastante palpable, pues el presidente se manifestó hasta la madrugada del 22 junio sobre la muerte de Maria del Pilar Hurtado y la vicepresidenta dejo claro en un tweet (el cual eliminó poco después) que no tenia idea de las amenazas presentadas en Tierralta.

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